
Ángeles González-Sinde además de ser la Ministra de Cultura es una pirómana consagrada, aunque amparada, eso sí, por las leyes de aquellos que no alcanzan a comprender que la justicia y la libertad es una calle de doble sentido. Está ministra ha pasado a formar parte de la neo-inquisición consiguiendo aprobar una polémica normativa conocida como “Ley Sinde”.
A partir de ahora una comisión del Ministerio de Cultura tendrá la potestad de decidir si desde una página web se están vulnerando derechos de propiedad intelectual procediendo, en caso de que así lo consideren, al cierre de la misma o a la retirada del contenido que así lo crean conveniente. Para rematar el fiasco se han otorgado el arrogante derecho de no precisar de autorización judicial, es decir, pueden cerrarla de forma cautelar hasta que un juez dicte sentencia, por lo que, en caso que cierren una web y tengamos recursos para denunciar si lo encontramos irregular, tendremos que esperar dos años a que el juzgado analice si la ejecución de ésta afecta a los derechos fundamentales de libertad de expresión o información, pero lo más gracioso es que no se podrá juzgar la pertinencia de la medida acordada, es decir, si nos cierran una web y ganamos el juicio por qué teníamos razón no se le aplicará ninguna sanción o delito al medio censurador, ni existirá la posibilidad de reclamar indemnizaciones, daños y perjuicios o acusarles de vulnerar la libertad de expresión... Pero si pensáis que la chapuza no podía ser más grande ahora viene lo mejor, está normativa puede ser utilizada por cualquiera para perseguir cualquier tipo de página web si el denunciante considera que lesiona sus derechos, la reforma está pensada para otorgar a las corporaciones de la industria de contenidos una vía administrativa rápida que les permita lograr el cierre de un determinado tipo de web, incluso si estas solo facilitan el enlace. La actividad de estas webs consiste en ofrecer enlaces a archivos que miles de ciudadanos intercambian entre sí utilizando ciertos programas informáticos. Es importante subrayar que estas páginas no tienen más contenido que los enlaces referidos y que carecen de archivo alguno, encontrándose éstos en los discos duros de los ordenadores de las personas que han decidido compartirlos de forma libre y gratuita. El cinismo se remata incluyendo está normativa dentro de la “Ley de Economía Sostenible”, puesto que lo único que va a sostener es la economía de las multinacionales.
Internet es uno de los mejores inventos de la humanidad, es la biblioteca mundial más completa, es la casa común donde confluyen las culturas, toda la información que siempre soñarte tener a un solo “clik”, la posibilidad historia de erradicar el desconocimiento o la desinformación conectando a todas las personas del mundo en una misma red donde todos estamos a la misma altura. Pero es evidente que una medida que abraza la ignorancia solo podía ser tomada por un necio, ya que en este país los poderosos no han comprendido de que va esto de Internet, y se apresuran a proteger el formato cuando el resto del mundo lo ha desechado y ha adaptado todos los recursos a las descargas y otras formas de hacer dinero a través de la red sin necesidad de utilizar formatos físicos. España se queda así a la cola de la revolución digital, pierde el tren donde el resto de países ya se subieron hace tiempo y se queda atrincherada en sus ideas arcaicas, generando además una ley represiva que atenta contra la libertad de expresión y la buena costumbre humana de compartir lo que uno sabe con lo que una tiene.
Puede que no alcancemos a comprender la gravedad del asunto, o incluso que la tele nos haya convencido que es una medida necesaria para proteger al autor, pero la realidad es que solo se protege al capital, el mismo que nos ha arrojado a una crisis, el mismo que nos vende basura a precio de oro. Entran antorchas en la biblioteca y han montado una hoguera donde quemar todo aquello que no consideren correcto, aunque el clamor popular reclame poder compartir la cultura, la información y todo aquello que sea motivo de emancipación, siguen quemando lo que no es suyo, pues la cultura no es propiedad de una empresa, ni puede ser regulada por un gobierno, ni puede ser presa de ideales cargados de arrogancia y ambición, la cultura es patrimonio de la humanidad, un derecho fundamental y una herramienta básica para el crecimiento personal, por lo cual ha de ser pública, universal y gratuita.
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Antorchas en la Biblioteca. Carlos Sánchez Almeida. Ponencia invitada al Seminario Ley de Economía Sostenible, celebrado el 3 de marzo de 2010 en la EUITT de la UPM (Universidad Politécnica de Madrid).


